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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de preservación del patrimonio cultural en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de preservación del patrimonio cultural puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina?
La trata de personas con fines de explotación sexual está penalizada en Argentina. Se buscan medidas para prevenir y sancionar este delito, protegiendo a las víctimas y castigando a los responsables.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de sabotaje en Argentina?
El sabotaje en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar acciones destinadas a dañar la infraestructura o perjudicar el funcionamiento de servicios esenciales. Se imponen sanciones a quienes participan en actos de sabotaje.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas indemnizatorias en un contrato de venta en Argentina?
Las cláusulas indemnizatorias en un contrato de venta argentino deben especificar las condiciones bajo las cuales una parte puede reclamar indemnización por daños y perjuicios. Es crucial definir los límites de responsabilidad, los tipos de daños cubiertos y los procedimientos para presentar reclamaciones.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo para las empresas que operan en Argentina?
La debida diligencia es esencial para evaluar y gestionar los riesgos de cumplimiento normativo. Las empresas que operan en Argentina deben realizar una debida diligencia exhaustiva al entrar en nuevos acuerdos comerciales, colaboraciones o adquisiciones para identificar posibles problemas legales y garantizar la adhesión a las regulaciones vigentes.
¿Puede el arrendador prohibir actividades comerciales en la propiedad residencial arrendada en Argentina?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas que prohíban actividades comerciales en la propiedad residencial, a menos que se haya obtenido su consentimiento previo por escrito.
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