Artículos recomendados
¿Cuál es la política de reserva de información confidencial en contratos gubernamentales en Argentina?
La política de reserva de información confidencial implica la identificación clara de información que debe permanecer confidencial en los contratos. Se establecen cláusulas de confidencialidad y se definen los procedimientos para manejar y proteger la información sensible durante y después de la ejecución del contrato.
¿Existen programas de intercambio empresarial entre profesionales de la gastronomía argentinos y empresas en España?
Sí, existen programas de intercambio empresarial entre profesionales de la gastronomía argentinos y empresas en España. Pueden participar en eventos gastronómicos, colaborar con restaurantes y empresas del sector y contribuir a la diversidad culinaria en ambos países.
¿Existe un plazo máximo para la devolución del depósito de garantía al finalizar el contrato en Argentina?
El arrendador tiene un plazo de 15 días hábiles para devolver el depósito de garantía después de la entrega de las llaves, descontando los montos justificados.
¿Cómo se establece la pensión compensatoria en casos de divorcio en Argentina?
La pensión compensatoria en casos de divorcio en Argentina se establece considerando factores como la situación económica de los cónyuges, la duración del matrimonio y los sacrificios realizados durante la convivencia. El objetivo es equilibrar las condiciones económicas de ambos cónyuges después del divorcio.
¿Cómo se manejan los gastos de mantenimiento y reparación en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Los gastos de mantenimiento y reparación son responsabilidad del arrendador, a menos que sean resultado del mal uso o negligencia por parte del arrendatario.
¿Cómo se determina la capacidad económica del deudor alimentario en casos de empleo no registrado en Argentina?
En casos de empleo no registrado en Argentina, la determinación de la capacidad económica del deudor alimentario puede ser más compleja. Los jueces pueden considerar pruebas adicionales, como ingresos percibidos de manera no oficial, patrones de gastos y otros indicadores económicos. La transparencia y la cooperación son fundamentales para garantizar una evaluación precisa de la capacidad económica del deudor, incluso en situaciones donde el empleo no esté debidamente registrado.
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