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¿A qué edad se emite el primer DNI en Argentina?
El primer DNI se emite a los 14 años de edad en Argentina.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de no competencia en un contrato de venta de servicios de consultoría en eficiencia energética en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en eficiencia energética en Argentina, las cláusulas de no competencia son esenciales para proteger los conocimientos especializados del proveedor y promover la eficiencia energética de manera sostenible. Estas cláusulas deben definir restricciones razonables en términos de alcance geográfico y duración, evitando la competencia desleal y fomentando prácticas eficientes.
¿Cómo se determina la competencia judicial en casos de embargos en Argentina?
La competencia judicial se determina según la ubicación de los bienes a embargar o el domicilio del deudor, siguiendo las normativas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se manejan los antecedentes de quiebras o dificultades financieras durante la verificación de antecedentes crediticios en Argentina?
Durante la verificación de antecedentes crediticios en Argentina, los antecedentes de quiebras o dificultades financieras se pueden abordar considerando factores atenuantes y evaluando si estos eventos son relevantes para el puesto en cuestión. La transparencia y la capacidad de recuperación financiera también pueden ser aspectos importantes.
¿Qué sucede si el deudor alimentario se encuentra en una situación de insolvencia en Argentina?
En casos de insolvencia del deudor alimentario en Argentina, el tribunal evaluará la situación y tomará medidas para proteger los derechos de los beneficiarios. Puede solicitarse la modificación de la cuantía de las pensiones, y se pueden aplicar medidas como la retención de ingresos o el embargo de bienes en la medida de lo posible. El objetivo es garantizar que, dentro de las posibilidades del deudor, se cumplan las obligaciones alimentarias.
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