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¿Cuáles son los elementos clave que deben incluirse en un contrato de venta en Argentina?
Un contrato de venta en Argentina debe contener información detallada sobre las partes involucradas, la descripción del producto o servicio, condiciones de pago, plazos de entrega, garantías, cláusulas de incumplimiento y resolución, entre otros elementos esenciales.
¿Cuáles son las tendencias actuales en la formación y desarrollo de empleados en Argentina, y cómo impactan en su enfoque de selección de personal?
Actualmente, las empresas en Argentina están priorizando la formación continua y el desarrollo profesional. Al seleccionar personal, se busca identificar candidatos con un interés activo en el aprendizaje y la mejora constante para impulsar el crecimiento organizacional.
¿Cómo se pueden garantizar visitas y comunicación entre el deudor y los beneficiarios en casos de conflictos?
Para garantizar visitas y comunicación entre el deudor y los beneficiarios en casos de conflictos, el tribunal puede incluir disposiciones específicas en el acuerdo de pensiones alimenticias. Estas disposiciones pueden abordar los horarios de visita, la comunicación por medios electrónicos y otros aspectos relacionados. Además, se puede recurrir a servicios de mediación para resolver disputas y facilitar un ambiente más armonioso para el beneficio de todos los involucrados.
¿Qué sucede si la propiedad arrendada es afectada por eventos naturales en Argentina?
En caso de daños por eventos naturales, la responsabilidad de reparación suele recaer en el arrendador, a menos que se establezca lo contrario en el contrato.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad durante el arrendamiento en Argentina?
El arrendatario puede realizar mejoras, pero debe obtener el consentimiento del arrendador por escrito y no puede realizar cambios estructurales sin autorización.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito en Argentina?
El enriquecimiento ilícito en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el aumento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que no pueden justificar su incremento patrimonial.
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