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¿Cómo afecta la situación política en Argentina a la debida diligencia?
La situación política en Argentina puede tener un impacto significativo en las operaciones comerciales. Durante la debida diligencia, es esencial evaluar la estabilidad política y comprender cómo los cambios en la administración gubernamental pueden influir en las regulaciones comerciales, las políticas económicas y la seguridad jurídica. Esto proporciona una visión crítica para anticipar posibles cambios en el entorno empresarial.
¿Es necesario actualizar el DNI al cambiar de provincia dentro de Argentina?
Sí, se recomienda actualizar el DNI al cambiar de provincia dentro de Argentina. El trámite se realiza en el Renaper o en centros de documentación rápida, garantizando que la información refleje la nueva residencia de la persona.
¿Cuáles son las restricciones para realizar cambios estructurales en propiedades históricas arrendadas en Argentina?
En propiedades históricas, los cambios estructurales pueden estar sujetos a regulaciones específicas y requerir la aprobación de autoridades competentes además del consentimiento del arrendador.
¿Cómo se asegura la actualización constante de los conocimientos éticos y legales del personal encargado de la supervisión de contratistas en Argentina?
El personal encargado de la supervisión recibe capacitación periódica en ética y legislación relevante. Además, se fomenta la participación en programas de desarrollo profesional y la asistencia a eventos de actualización para garantizar la familiaridad constante con los estándares éticos y legales más recientes.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de difusión de material íntimo no consentido en Argentina?
La difusión de material íntimo no consentido, conocido como "porno venganza", está penalizada en Argentina. Se imponen sanciones a quienes difunden imágenes o videos íntimos sin el consentimiento de la persona involucrada.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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