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¿Puede el arrendatario modificar las cerraduras de la propiedad sin el consentimiento del arrendador en Argentina?
Modificar las cerraduras generalmente requiere el consentimiento del arrendador, y el arrendatario debe proporcionar copias de las nuevas llaves. El contrato debe abordar estas situaciones.
¿Cuál es la importancia de incluir una cláusula de confidencialidad en un contrato de venta en Argentina?
La cláusula de confidencialidad en un contrato de venta argentino es esencial para proteger información sensible y estratégica compartida entre las partes. Establece las obligaciones de confidencialidad y las consecuencias por su incumplimiento.
¿Cómo se regulan las obligaciones de no divulgación en un contrato de venta en Argentina?
Las obligaciones de no divulgación deben ser claramente reguladas en un contrato de venta argentino mediante cláusulas que detallen el alcance, la duración y las excepciones a la confidencialidad. Esto ayuda a proteger información sensible durante y después de la vigencia del contrato.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre seguridad ciudadana en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre seguridad ciudadana puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Existen programas de intercambio entre científicos de datos argentinos y empresas tecnológicas en España?
Sí, existen programas de intercambio entre científicos de datos argentinos y empresas tecnológicas en España. Pueden participar en proyectos de análisis de datos, colaborar con empresas del sector y contribuir al avance de la ciencia de datos.
¿Qué recursos legales tiene el acreedor alimentario para hacer cumplir las decisiones judiciales en Argentina?
El acreedor alimentario en Argentina cuenta con varios recursos legales para hacer cumplir las decisiones judiciales. Estos incluyen la ejecución de medidas de embargo, retención de ingresos, y en casos extremos, la solicitud de prisión del deudor. Además, el acreedor puede recurrir a la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias establecidas por el tribunal.
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