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¿Cómo se aborda legalmente el delito de acoso sexual en Argentina?
El acoso sexual en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el hostigamiento de naturaleza sexual. Se imponen sanciones a quienes acosan a otras personas, tanto en el ámbito laboral como en situaciones cotidianas.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en las instituciones financieras no bancarias en Argentina?
Además de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio y cooperativas de crédito, son evaluadas y gestionan el riesgo de lavado de activos en Argentina. Estas entidades deben implementar medidas similares de debida diligencia y presentar informes de transacciones sospechosas. Las regulaciones se adaptan para abordar las particularidades de estas instituciones y asegurar una cobertura completa en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo se solicita la verificación de antecedentes penales en Argentina?
Para obtener la verificación de antecedentes penales en Argentina, se puede acudir a la Policía Federal Argentina o realizar la solicitud en línea a través del sitio web del Registro Nacional de Reincidencia.
¿Cuál es el papel de la revisión fiscal en la prevención de deudas tributarias en Argentina?
La revisión fiscal periódica desempeña un papel crucial en la prevención de deudas tributarias en Argentina al identificar posibles errores contables, asegurando el cumplimiento y evitando sanciones innecesarias.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en procesos de licitación para contratos gubernamentales en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser evaluados en procesos de licitación para contratos gubernamentales para garantizar la integridad y la legalidad de los participantes.
¿Qué derechos tiene el conviviente en una unión convivencial en Argentina?
En Argentina, la unión convivencial otorga derechos similares a los del matrimonio. Los convivientes tienen derechos sucesorios, de propiedad y a la cuota alimentaria en caso de ruptura. La ley reconoce la igualdad de derechos entre la unión convivencial y el matrimonio.
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