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¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por daños menores en Argentina?
El arrendador no puede retener el depósito por daños menores, y estos deben ser razonables y justificados para descontarse del depósito.
¿Cuáles son las responsabilidades del deudor durante un proceso de embargo en Argentina?
El deudor tiene la responsabilidad de colaborar con el proceso, proporcionar información precisa sobre sus bienes y deudas, y cumplir con las resoluciones judiciales.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la cadena de suministro electrónica en Argentina y cómo pueden las empresas del sector tecnológico protegerse contra amenazas como la piratería de productos o la falsificación?
La cadena de suministro electrónica enfrenta riesgos de seguridad, como la piratería y la falsificación. Las empresas deben implementar medidas de seguridad en cada etapa de la cadena de suministro, realizar auditorías regulares, y colaborar con socios de confianza. La adopción de tecnologías de trazabilidad, la verificación de la autenticidad de los productos y la participación en iniciativas de seguridad de la industria son estrategias esenciales para protegerse contra amenazas en la cadena de suministro electrónica en Argentina.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de padres que han cometido actos de violencia doméstica en Argentina?
La tenencia en casos de padres que han cometido actos de violencia doméstica en Argentina se aborda con especial atención al bienestar y seguridad de los hijos. El tribunal puede otorgar la tenencia al progenitor no violento, establecer medidas de protección y, en casos graves, limitar o suspender el régimen de visitas del progenitor violento.
¿Cómo se realiza la subasta de bienes embargados en Argentina?
La subasta de bienes embargados se lleva a cabo mediante un martillero público, quien realiza el proceso de licitación para obtener el mejor precio posible y satisfacer la deuda.
¿Cómo se evalúa y monitorea el impacto socioeconómico de las sanciones a contratistas en Argentina?
Se lleva a cabo una evaluación continua del impacto socioeconómico de las sanciones, incluyendo el análisis de pérdida de empleo, efectos en la cadena de suministro y el bienestar de las comunidades locales. Estas evaluaciones informan decisiones futuras y permiten ajustes en las políticas según sea necesario.
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