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¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de educación penitenciaria en Argentina?
En programas de educación penitenciaria, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para diseñar intervenciones educativas adecuadas y garantizar la seguridad en el entorno penitenciario.
¿Cuál es el proceso de revisión y ajuste de sanciones a contratistas en casos de cambios significativos en sus prácticas comerciales?
Se establece un proceso de revisión que involucra la presentación de evidencia de cambios significativos en las prácticas comerciales por parte del contratista. Un comité de revisión evalúa la evidencia y ajusta las sanciones según sea necesario, garantizando una respuesta proporcionada a la mejora en la conducta ética.
¿Cómo se manejan las disputas sobre el estado de la propiedad al inicio del contrato en Argentina?
Las disputas sobre el estado de la propiedad al inicio del contrato se pueden evitar mediante un inventario detallado y fotos. Si surgen disputas, las partes pueden recurrir a la documentación acordada para resolverlas.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de inclusión educativa en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de inclusión educativa puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Es posible obtener un DNI sin distinción de género?
Actualmente, el DNI en Argentina distingue entre género masculino y femenino. Sin embargo, el cambio de género en el DNI permite adecuar esta información a la identidad de género autopercibida de la persona.
¿Cuál es el proceso para la declaración de interdicción en Argentina?
La declaración de interdicción en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se deben presentar pruebas médicas y psicológicas que demuestren la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada interdicta.
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