BARLETTA GUSTAVO JOSE (Contribuyente AFIP | 20136626XXX)

Perfil del contribuyente BARLETTA GUSTAVO JOSE - 20136626XXX

CUIT 20136626XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de inclusión financiera, considerando la importancia de garantizar el acceso a servicios financieros en comunidades marginadas en Argentina?

La inclusión financiera es un objetivo clave. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos para promover la inclusión financiera, su enfoque para superar barreras y su contribución para asegurar que comunidades marginadas tengan acceso a servicios financieros en Argentina.

¿Qué sucede si un deudor no cumple con un embargo en Argentina?

Si un deudor no cumple con un embargo, pueden enfrentar sanciones adicionales, incluyendo la posibilidad de que se amplíe la medida cautelar o se tomen otras acciones legales.

¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el acceso a servicios de cuidado de la salud mental en Argentina?

En servicios de salud mental, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la confirmación de la situación médica y la autenticación segura del paciente. Estos procedimientos protegen la confidencialidad y la seguridad en el ámbito de la atención a la salud mental en línea.

¿Es obligatorio contar con un seguro de hogar para la propiedad arrendada en Argentina?

Aunque no es obligatorio por ley, es recomendable que tanto el arrendador como el arrendatario tengan un seguro de hogar para cubrir posibles daños y responsabilidades.

¿Cuál es el procedimiento para embargar cuentas de inversión en Argentina?

El embargo de cuentas de inversión sigue un procedimiento similar al de cuentas bancarias, con la retención de fondos para cubrir la deuda del titular de la cuenta.

¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?

La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.

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