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¿Cuáles son los riesgos legales y regulatorios en la debida diligencia para fusiones y adquisiciones en el sector de servicios de tecnologías de la información en Argentina?
En el sector de servicios de tecnologías de la información, la debida diligencia debe abordar los riesgos legales y regulatorios. Esto implica revisar contratos y acuerdos de servicios, evaluar la conformidad con regulaciones de protección de datos y privacidad, y comprender las políticas gubernamentales que afectan al sector. Además, es esencial revisar el historial de litigios y sanciones regulatorias que puedan afectar la operación y reputación del negocio en el mercado argentino de tecnologías de la información.
¿Cómo se trata legalmente el delito de sustracción de menores en Argentina?
La sustracción de menores en Argentina es un delito grave. Se buscan medidas para prevenir y sancionar la sustracción ilegal de niños, protegiendo sus derechos y garantizando su retorno a entornos seguros.
¿Cuáles son las opciones para detener un embargo una vez que ha sido iniciado en Argentina?
Algunas opciones para detener un embargo incluyen llegar a un acuerdo de pago con el acreedor, demostrar la inexistencia de la deuda, o presentar oposiciones legales válidas basadas en errores procedimentales.
¿Qué derechos tienen los hermanos en casos de divorcio o separación en Argentina?
En casos de divorcio o separación en Argentina, los hermanos tienen el derecho de mantener su relación. Los tribunales pueden tomar medidas para asegurar el contacto entre hermanos en situaciones de custodia o régimen de visitas.
¿Qué acciones puede tomar la AFIP contra los deudores de impuestos en Argentina?
La AFIP puede iniciar juicios de ejecución fiscal, embargar cuentas bancarias y bienes, y tomar otras medidas legales para recuperar las deudas tributarias en Argentina.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de violencia institucional en Argentina?
La violencia institucional en Argentina está penalizada por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones públicas. Se promueve la rendición de cuentas y se imponen sanciones a quienes abusan de su autoridad, asegurando el respeto de los derechos humanos.
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