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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de ciencia y tecnología puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Es posible obtener el DNI para un niño adoptado internacionalmente antes de su llegada a Argentina?
Sí, los padres adoptivos pueden iniciar el trámite del DNI para un niño adoptado internacionalmente antes de su llegada a Argentina. Se deben presentar los documentos necesarios en el consulado o embajada argentina correspondiente en el país de origen del niño.
¿Cuál es su estrategia para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de ciberseguridad en el sector educativo, considerando la importancia de proteger datos sensibles en instituciones educativas argentinas?
La ciberseguridad en el sector educativo es crítica. Se busca entender cómo el candidato lidera proyectos de ciberseguridad en instituciones educativas, su comprensión de amenazas específicas y su contribución para garantizar la protección de datos sensibles en el ámbito educativo argentino.
¿Se pueden obtener antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento en Argentina?
Generalmente, la obtención de antecedentes judiciales requiere el consentimiento de la persona involucrada, a menos que sea solicitada por autoridades judiciales o fuerzas de seguridad.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de tráfico de influencias en Argentina?
El tráfico de influencias en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso indebido de influencias para obtener beneficios personales. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica corrupta.
¿Cómo se promueve la rendición de cuentas de los funcionarios públicos involucrados en la contratación gubernamental en Argentina?
La rendición de cuentas se promueve mediante la divulgación de decisiones, la participación en auditorías externas y la creación de organismos independientes de supervisión. Los funcionarios públicos son responsables de explicar y justificar sus decisiones, garantizando la transparencia y la confianza en los procesos de contratación.
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