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¿Cómo se trata legalmente el delito de grooming en Argentina?
El grooming, que implica el acoso a menores a través de medios digitales con fines sexuales, está penalizado en Argentina. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica delictiva, protegiendo a los menores de edad de posibles abusos en línea.
¿Se han implementado medidas de cooperación internacional para abordar casos transfronterizos de conducta indebida por parte de contratistas en Argentina?
Sí, Argentina participa en acuerdos y protocolos internacionales para abordar casos de conducta indebida que involucran a contratistas con operaciones transfronterizas. La cooperación internacional facilita la aplicación efectiva de sanciones y promueve la integridad en los negocios.
¿Puede un extranjero obtener un certificado de antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, los extranjeros pueden solicitar un certificado de antecedentes judiciales si han residido en Argentina y cumplen con los requisitos.
¿Cómo se pueden ejecutar medidas de retención de ingresos en casos de deudores alimentarios en Argentina?
La ejecución de medidas de retención de ingresos en casos de deudores alimentarios en Argentina se realiza mediante una orden judicial. Esta orden obliga al empleador del deudor a retener una parte de su salario para cubrir las pensiones alimenticias adeudadas. Es un mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El tribunal puede determinar el porcentaje a retener y puede ajustarlo según las circunstancias del deudor y las necesidades de los beneficiarios.
¿Cuáles son las opciones para la venta directa de bienes embargados en Argentina?
Además de la subasta, los bienes embargados también pueden ser vendidos directamente por el deudor o el martillero designado, siempre que se obtenga el consentimiento del juez y se respeten los procedimientos legales establecidos.
¿Puede el arrendador prohibir actividades comerciales en la propiedad residencial arrendada en Argentina?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas que prohíban actividades comerciales en la propiedad residencial, a menos que se haya obtenido su consentimiento previo por escrito.
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