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¿Cuál es la normativa sobre el registro de contratos de arrendamiento en Argentina?
En algunas jurisdicciones, el contrato de arrendamiento debe ser registrado ante la autoridad competente, como la Dirección General de Rentas, para ser válido y oponible frente a terceros.
¿Cómo se incorporan las condiciones de fuerza mayor en un contrato de venta en Argentina?
Las condiciones de fuerza mayor, como eventos imprevisibles o inevitables que afectan la ejecución del contrato, pueden abordarse en un contrato de venta argentino. Es necesario especificar las circunstancias que constituyen fuerza mayor y cómo afectarán las obligaciones contractuales.
¿Cómo se manejan los retrasos en la entrega de la propiedad arrendada en Argentina?
Si el arrendador no entrega la propiedad a tiempo, el arrendatario puede tener derecho a reclamar daños y perjuicios. Es importante que el contrato establezca claramente los plazos y penalizaciones por retrasos.
¿Cómo se aborda la protección de datos personales en los programas de compliance en Argentina?
La protección de datos personales en Argentina se aborda mediante el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Los programas de compliance deben incluir políticas y controles para garantizar el manejo seguro y legal de la información personal, protegiendo la privacidad de los individuos.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para el desarrollo de proyectos de investigación en Argentina?
Los bienes utilizados para el desarrollo de proyectos de investigación pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de importancia científica.
¿Cómo se evalúa la efectividad de las medidas de supervisión de PEP en Argentina?
La efectividad de las medidas de supervisión de PEP en Argentina se evalúa mediante la revisión constante de procesos y resultados. Se establecen indicadores clave de rendimiento que permiten medir la eficacia de las medidas implementadas, como la detección temprana de transacciones sospechosas y la reducción de actividades ilícitas. Además, se realizan auditorías periódicas y evaluaciones de riesgos para identificar áreas de mejora y adaptar las estrategias de supervisión según sea necesario. La participación de organismos internacionales y la colaboración con otras jurisdicciones contribuyen a una evaluación más completa y al intercambio de mejores prácticas.
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