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¿Qué derechos tienen los contratistas sancionados para impugnar las decisiones y sanciones impuestas en Argentina?
Los contratistas sancionados tienen derecho a presentar recursos y apelaciones ante instancias judiciales específicas. Se les garantiza un proceso de revisión imparcial para impugnar las sanciones, y se toman en cuenta pruebas y argumentos antes de tomar decisiones finales.
¿Cómo se gestionan los conflictos de interés potenciales entre funcionarios públicos y contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de gestión de conflictos de interés, como la declaración obligatoria de intereses financieros y la restricción de participación en procesos de contratación a aquellos con posibles conflictos. La transparencia y la divulgación son clave para abordar este problema.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos de entretenimiento en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos de entretenimiento están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las pautas de la AFIP.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas de limitación de responsabilidad en un contrato de venta de servicios de marketing en Argentina?
En contratos de venta de servicios de marketing en Argentina, las cláusulas de limitación de responsabilidad son esenciales para proteger a ambas partes. Estas cláusulas deben definir límites monetarios, las circunstancias bajo las cuales se aplicarán y cualquier exclusión específica de responsabilidad para ciertos tipos de daños.
¿Cuáles son los delitos más comunes en Argentina?
En Argentina, los delitos más comunes incluyen el robo, la violencia doméstica, el narcotráfico y la corrupción. Estos problemas pueden variar según las regiones y las áreas urbanas.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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