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¿Cómo se manejan los casos en los que un candidato se niega a proporcionar consentimiento para la verificación de antecedentes en Argentina?
Si un candidato se niega a proporcionar consentimiento para la verificación de antecedentes en Argentina, puede haber implicaciones en el proceso de contratación. Algunas empresas pueden considerar esta negativa como una falta de transparencia y tomar decisiones basadas en la información disponible.
¿Cuál es la diferencia entre una "causa penal" y "antecedentes judiciales" en Argentina?
Una "causa penal" se refiere a un proceso legal específico, mientras que "antecedentes judiciales" abarca la historia completa de condenas y medidas de seguridad de una persona.
¿Cómo se tramita el DNI para personas con discapacidad?
Las personas con discapacidad pueden tramitar el DNI en el Renaper con un tratamiento preferencial. Se requiere presentar certificado de discapacidad y se facilitan condiciones para hacer más accesible el trámite.
¿Cómo se aborda la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en proyectos gubernamentales en Argentina?
La participación de PYMEs se aborda mediante la simplificación de procesos de licitación, la segmentación de proyectos y la asignación de cuotas preferenciales. Se busca reducir barreras para que las PYMEs participen y contribuyan a la competencia y diversidad en la contratación pública.
¿Cuál es el procedimiento para obtener el DNI para un menor de edad nacido por gestación subrogada en el extranjero?
Los padres de un menor de edad nacido por gestación subrogada en el extranjero pueden obtener el DNI presentando la documentación necesaria en el Renaper. Se sigue un proceso especial para garantizar que el menor cuente con la identificación correspondiente.
¿Puede un tercero ser responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina?
En circunstancias excepcionales, un tercero puede ser considerado responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina. Esto puede ocurrir si el tribunal determina que el tercero tiene la capacidad económica para asumir la responsabilidad y que es necesario para garantizar el bienestar de los beneficiarios. Esta situación suele requerir una revisión exhaustiva por parte del tribunal para evaluar la viabilidad y la equidad de tal disposición.
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