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¿Cómo se lleva a cabo el proceso de debida diligencia en las instituciones financieras argentinas para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras en Argentina deben llevar a cabo procesos rigurosos de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el monitoreo constante de las transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas a la UIF. Esto forma parte de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales de las empresas respecto al impuesto al valor agregado (IVA) en Argentina?
Las empresas deben cumplir con las obligaciones fiscales del IVA en Argentina. Esto incluye la presentación de declaraciones juradas y el pago del impuesto sobre las operaciones gravadas.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra puede afectar la opción de compra, ya que la ejecución de la garantía podría interferir con la transferencia de propiedad.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por falta de pago de servicios públicos en Argentina?
El arrendador puede retener el depósito de garantía si el arrendatario no paga los servicios públicos, siempre y cuando esta posibilidad esté especificada en el contrato.
¿Cómo se determina la capacidad de pago de un deudor en Argentina?
La capacidad de pago de un deudor en Argentina se evalúa considerando sus ingresos, activos, y pasivos. Esta información se utiliza para establecer planes de pago asequibles.
¿Cómo se promueve la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero en Argentina?
La promoción de la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero en Argentina se logra mediante auditorías regulares y evaluaciones externas. La UIF y otras autoridades son responsables de informar públicamente sobre sus actividades, resultados y medidas tomadas contra el lavado de dinero. Esto no solo fomenta la confianza en el sistema, sino que también permite la revisión y mejora constante de las políticas y prácticas existentes.
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