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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de agresión con vehículo en Argentina?
La agresión con vehículo en Argentina está penalizada. Se imponen sanciones a aquellos que utilizan un vehículo para cometer actos violentos, ya sea atropellando intencionalmente a personas u otras formas de agresión vehicular.
¿Cómo se verifica la autenticidad de un certificado de antecedentes judiciales en Argentina?
La autenticidad se puede verificar solicitando una consulta al Registro Nacional de Reincidencia o a través de organismos gubernamentales autorizados.
¿Cómo se evalúa la capacidad técnica y financiera de los contratistas antes de la adjudicación de contratos en Argentina?
La evaluación de la capacidad técnica y financiera implica la revisión detallada de la experiencia pasada, la solidez financiera y la capacidad técnica de los contratistas. Esto se realiza a través de procesos de precalificación y evaluación de propuestas para garantizar la idoneidad de los contratistas para proyectos específicos.
¿Cómo se adapta el KYC a la dinámica evolución de las tecnologías y amenazas en el ámbito financiero en Argentina?
El KYC se adapta a la evolución de las tecnologías y amenazas en el ámbito financiero en Argentina mediante la implementación constante de soluciones tecnológicas avanzadas y la mejora continua de los procesos. Las instituciones financieras realizan evaluaciones periódicas de riesgos tecnológicos y amenazas cibernéticas, ajustando sus estrategias de KYC para abordar los desafíos emergentes y garantizar la resistencia frente a posibles amenazas.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de difamación en Argentina?
La difamación en Argentina está penalizada por leyes que protegen la reputación de las personas. Se pueden presentar demandas civiles por daños y perjuicios, y en casos graves, se pueden imponer sanciones penales.
¿Cómo se determina la responsabilidad parental en casos de separación o divorcio en Argentina?
En casos de separación o divorcio en Argentina, la responsabilidad parental se puede establecer de común acuerdo entre los progenitores o, en caso de desacuerdo, mediante resolución judicial. Se busca siempre el interés superior del menor, y la responsabilidad puede ser compartida o atribuida a uno de los padres.
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