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¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en empresas del sector agroindustrial en Argentina?
En empresas del sector agroindustrial en Argentina, la verificación de antecedentes puede incluir aspectos específicos relacionados con la seguridad alimentaria, el cumplimiento de normativas agrícolas y la integridad en prácticas comerciales. Se busca garantizar la calidad en todos los aspectos de la cadena de producción.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de secuestro virtual en Argentina?
El secuestro virtual, que implica amenazas falsas de secuestro para obtener un rescate, está penalizado en Argentina. Se imponen sanciones a quienes participan en este tipo de extorsión, protegiendo a la sociedad de prácticas delictivas que generan temor e inseguridad.
¿Cómo se ejecuta un embargo sobre bienes ubicados en una propiedad horizontal en Argentina?
El embargo sobre bienes en propiedad horizontal implica la anotación de la medida en el registro de la propiedad correspondiente, considerando las particularidades de la propiedad compartida.
¿Cuál es el papel de la tecnología de la información y la ciberseguridad en la contratación y supervisión de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La tecnología de la información y la ciberseguridad juegan un papel crucial en la contratación y supervisión de contratistas. Se implementan sistemas electrónicos seguros para la presentación de propuestas y la gestión de contratos. Además, se establecen medidas de ciberseguridad para proteger la integridad de la información relacionada con proyectos gubernamentales.
¿Es posible impugnar la inclusión de información inexacta en los antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, se pueden presentar recursos legales para corregir información inexacta en los antecedentes judiciales.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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