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¿Puede un deudor alimentario solicitar la modificación de la cuantía de las pensiones en Argentina?
Sí, tanto el deudor como el acreedor alimentario pueden solicitar la modificación de la cuantía de las pensiones alimenticias en Argentina. Esto puede ser necesario en situaciones de cambios significativos en las circunstancias económicas de cualquiera de las partes, como pérdida de empleo o aumento de ingresos. La modificación debe ser aprobada por el juez, quien considerará la equidad y las necesidades de ambas partes.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la posibilidad de adopción en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser considerados por las autoridades durante el proceso de evaluación para la adopción, pero no siempre resultan en la prohibición automática.
¿Cómo se protegen los derechos de los niños en situaciones de violencia familiar en Argentina?
En situaciones de violencia familiar en Argentina, se busca proteger los derechos de los niños a través de medidas de seguridad, como órdenes de restricción y la intervención de equipos interdisciplinarios. Se prioriza el interés superior del menor en la resolución de estos casos.
¿Cuáles son las opciones para la liberación de bienes embargados en Argentina durante un proceso de ejecución?
La liberación de bienes embargados puede lograrse mediante el pago total de la deuda, la negociación de un acuerdo de pago, la presentación de garantías suficientes, o la demostración de la inexistencia de la deuda.
¿Cómo se realiza el trámite de cambio de domicilio en el DNI para una persona que se muda dentro de la misma ciudad?
El cambio de domicilio en el DNI para una persona que se muda dentro de la misma ciudad se puede realizar en el Renaper. Se debe presentar un certificado de domicilio actualizado, completar el formulario correspondiente y abonar la tasa establecida para actualizar la información.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito en Argentina?
El enriquecimiento ilícito en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el aumento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que no pueden justificar su incremento patrimonial.
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