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¿Cómo se asegura la integridad en el proceso de licitaciones públicas para prevenir el lavado de dinero en Argentina?
La integridad en el proceso de licitaciones públicas se asegura en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas que incluyen la verificación de la identidad de los participantes, la documentación precisa de transacciones y la aplicación de controles internos. La supervisión por parte de la UIF se concentra en prevenir el uso indebido de licitaciones públicas para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en el uso de fondos públicos.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de acoso cibernético en Argentina?
El acoso cibernético, también conocido como ciberacoso, está penalizado en Argentina por leyes que buscan prevenir el hostigamiento en línea. Se imponen sanciones a quienes participan en conductas de acoso a través de medios electrónicos.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la identificación y denuncia de posibles irregularidades de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La sociedad civil desempeña un papel activo en la identificación y denuncia de irregularidades mediante la presentación de informes, participación en auditorías ciudadanas y el uso de plataformas de denuncia. Esto contribuye a la supervisión independiente y a la detección temprana de posibles malas prácticas.
¿Se puede realizar un inventario de la propiedad al inicio del contrato en Argentina?
Sí, se recomienda realizar un inventario detallado al comienzo del contrato para documentar el estado de la propiedad y evitar disputas al finalizar el arrendamiento.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados como parte de la infraestructura de servicios públicos en Argentina?
Los bienes utilizados como parte de la infraestructura de servicios públicos pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de servicios esenciales para la comunidad.
¿Puede un embargo recaer sobre propiedades rurales en Argentina?
Sí, las propiedades rurales pueden ser objeto de embargo en Argentina, y el proceso sigue las mismas pautas legales que para las propiedades urbanas.
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