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¿Cuál es la normativa sobre el alquiler de propiedades amobladas en Argentina?
El alquiler de propiedades amobladas sigue las mismas normativas generales, pero el contrato debe incluir un inventario detallado de los muebles y electrodomésticos, y las condiciones de su uso.
¿Cómo se determina la cuantía de las pensiones alimenticias en casos de progenitores que residen en el extranjero y tienen obligaciones alimentarias en Argentina?
En casos de progenitores que residen en el extranjero y tienen obligaciones alimentarias en Argentina, el tribunal puede solicitar la cooperación de las autoridades internacionales para determinar la cuantía de las pensiones alimenticias. Se deben presentar pruebas detalladas de los ingresos del progenitor y cualquier cambio en su situación financiera. La colaboración con abogados especializados en derecho internacional puede ser esencial para abordar estos casos de manera efectiva y garantizar que se tomen medidas justas y equitativas. Además, pueden aplicarse acuerdos internacionales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en casos de progenitores que residen en el extranjero.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están fuera del país en Argentina?
En algunos casos, un embargo en Argentina puede extenderse a bienes ubicados fuera del país, siempre que exista cooperación internacional para su ejecución.
¿Se pueden obtener antecedentes judiciales de una persona fallecida para propósitos legales en Argentina?
En algunos casos, se pueden obtener antecedentes judiciales de una persona fallecida para propósitos legales específicos con la autorización correspondiente.
¿Qué sucede si el arrendatario no paga el alquiler en Argentina?
Si el arrendatario no paga el alquiler, el arrendador puede iniciar un proceso de desalojo de acuerdo con la legislación vigente.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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