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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona pública en Argentina?
La información de antecedentes judiciales está protegida por la privacidad, y su divulgación requiere autorización legal, incluso en el caso de personas públicas.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de desarrollo de software para la inclusión digital de personas con discapacidad, considerando la importancia de eliminar barreras y garantizar la accesibilidad tecnológica
La inclusión digital de personas con discapacidad es fundamental. Se busca entender cómo el candidato lidera proyectos de desarrollo de software para garantizar la accesibilidad, su enfoque para eliminar barreras tecnológicas y su contribución para crear soluciones inclusivas en Argentina.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad durante el arrendamiento en Argentina?
El arrendatario puede realizar mejoras, pero debe obtener el consentimiento del arrendador por escrito y no puede realizar cambios estructurales sin autorización.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en la protección de la privacidad de los antecedentes judiciales de sus empleados en Argentina?
Las empresas están obligadas a proteger la privacidad de la información de antecedentes judiciales de los empleados y solo divulgarla según lo permitido por la ley.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos por regalías y derechos de autor en Argentina?
Los ingresos por regalías y derechos de autor están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar estos ingresos y calcular el impuesto correspondiente según las normativas fiscales vigentes.
¿Cómo se asegura Argentina de que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes?
Argentina se esfuerza por garantizar que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes. Los procedimientos legales incluyen salvaguardias para proteger los derechos de personas que puedan verse afectadas indirectamente por las sanciones. Además, se fomenta la revisión judicial y la participación de los afectados en el proceso para asegurar que las sanciones sean proporcionadas y justas. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son principios fundamentales que guían el proceso sancionador.
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