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¿Es posible incluir cláusulas de penalización por incumplimiento de obligaciones específicas en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Sí, el contrato puede incluir cláusulas de penalización específicas por incumplimiento de obligaciones particulares, siempre que sean razonables y ajustadas a la legislación vigente.
¿Cuál es la normativa sobre el alquiler de propiedades amobladas en Argentina?
El alquiler de propiedades amobladas sigue las mismas normativas generales, pero el contrato debe incluir un inventario detallado de los muebles y electrodomésticos, y las condiciones de su uso.
¿Qué consideraciones fiscales deben tenerse en cuenta al realizar operaciones de leasing operativo en Argentina?
Las operaciones de leasing operativo están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con sus obligaciones fiscales y declarar adecuadamente estas transacciones.
¿Cuáles son las medidas para prevenir y abordar el soborno y la corrupción entre los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
Las medidas incluyen la implementación de programas anticorrupción, la realización de auditorías especializadas y la colaboración con organismos anticorrupción. Se establecen sanciones severas por soborno y corrupción, y se promueve una cultura de denuncia para abordar estos problemas de manera proactiva.
¿Cómo se fomenta la denuncia ciudadana en casos de lavado de activos en Argentina?
La denuncia ciudadana se fomenta en casos de lavado de activos en Argentina a través de campañas de concientización y canales de denuncia seguros. Se establecen líneas telefónicas y plataformas en línea para que los ciudadanos informen de actividades sospechosas de manera confidencial. La participación activa de la sociedad en la denuncia contribuye significativamente a la detección temprana de posibles casos de lavado de activos.
¿Cómo se aborda la responsabilidad social de los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La responsabilidad social de los contratistas se aborda mediante la inclusión de criterios específicos en la evaluación de propuestas. Se valoran prácticas que contribuyen al desarrollo sostenible, la comunidad local y el bienestar social. Los contratistas también pueden participar en programas comunitarios como parte de sus obligaciones sociales.
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