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¿Cuál es el papel de la Defensoría de Menores e Incapaces en Argentina?
La Defensoría de Menores e Incapaces en Argentina tiene el papel de proteger los derechos e intereses de los menores y personas incapaces. Interviene en casos judiciales relacionados con la familia, como divorcios, adopciones y situaciones de riesgo para los menores, asegurando su representación y defensa legal.
¿Cómo se abordan las cláusulas de revisión de alcance en un contrato de venta de servicios de consultoría en desarrollo de infraestructura vial en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en desarrollo de infraestructura vial en Argentina, las cláusulas de revisión de alcance son relevantes para ajustar y clarificar los objetivos y entregables del proyecto. Deben establecer el proceso de revisión, los criterios de evaluación y los mecanismos para notificar y ajustar el alcance, contribuyendo a la eficiencia y éxito del desarrollo de infraestructura.
¿Puede un menor de edad gestionar su propio DNI?
No, un menor de edad no puede gestionar su propio DNI. La solicitud y trámite deben ser realizados por uno de los padres o un representante legal, presentando la documentación requerida en el Renaper.
¿Cómo se protege la privacidad de los antecedentes judiciales de víctimas en casos de violencia en Argentina?
La privacidad de los antecedentes judiciales de las víctimas en casos de violencia se protege mediante medidas especiales, y la información sensible puede ser tratada con confidencialidad.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de seguridad alimentaria en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de seguridad alimentaria puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuál es el procedimiento para la declaración de interdicción en Argentina?
La declaración de interdicción en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se debe presentar una solicitud fundamentada, demostrando la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada interdicta.
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