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¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los ingresos obtenidos por la venta de propiedades en Argentina?
Las ventas de propiedades en Argentina están sujetas a impuestos sobre ganancias de capital, y los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con estas transacciones.
¿Puede un tercero ser responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina?
En circunstancias excepcionales, un tercero puede ser considerado responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina. Esto puede ocurrir si el tribunal determina que el tercero tiene la capacidad económica para asumir la responsabilidad y que es necesario para garantizar el bienestar de los beneficiarios. Esta situación suele requerir una revisión exhaustiva por parte del tribunal para evaluar la viabilidad y la equidad de tal disposición.
¿Cómo se manejan fiscalmente las ganancias obtenidas por la venta de acciones en Argentina?
Las ganancias obtenidas por la venta de acciones están sujetas al Impuesto a las Ganancias. La alícuota varía según la duración de la tenencia de las acciones. Es fundamental calcular correctamente la ganancia neta para determinar el impuesto correspondiente.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de desarrollo tecnológico en Argentina?
En programas de desarrollo tecnológico, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la confiabilidad y la idoneidad de los participantes, especialmente en proyectos que involucran información sensible o propiedad intelectual.
¿Qué derechos tiene un deudor durante el proceso de embargo en Argentina?
Un deudor tiene derecho a ser notificado adecuadamente, a presentar oposición, a proponer bienes sustitutos y a buscar acuerdos de pago para resolver la deuda.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el contexto de la contratación pública en Argentina?
En el contexto de la contratación pública en Argentina, la verificación de antecedentes puede ser un requisito para garantizar la integridad y confiabilidad de los contratistas. Los procedimientos suelen seguir las regulaciones específicas establecidas por las entidades gubernamentales.
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