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¿Cómo se trata legalmente el delito de grooming en Argentina?
El grooming, que implica el acoso a menores a través de medios digitales con fines sexuales, está penalizado en Argentina. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica delictiva, protegiendo a los menores de edad de posibles abusos en línea.
¿Puede la existencia de antecedentes disciplinarios afectar la participación en programas de intercambio estudiantil en Argentina?
Sí, la existencia de antecedentes disciplinarios puede afectar la participación en programas de intercambio estudiantil en Argentina. Las instituciones educativas y organizaciones que facilitan estos programas pueden evaluar la idoneidad de los participantes para garantizar una experiencia segura y enriquecedora para todos los involucrados.
¿Cómo se aborda la responsabilidad social de los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La responsabilidad social de los contratistas se aborda mediante la inclusión de criterios específicos en la evaluación de propuestas. Se valoran prácticas que contribuyen al desarrollo sostenible, la comunidad local y el bienestar social. Los contratistas también pueden participar en programas comunitarios como parte de sus obligaciones sociales.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales al proceso de naturalización en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser considerados en el proceso de naturalización, y ciertos delitos pueden afectar la elegibilidad para obtener la ciudadanía argentina.
¿Cómo se regula la tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina?
La tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina se puede establecer mediante acuerdo mutuo o por decisión judicial. El juez evaluará el interés superior del menor y buscará garantizar la participación activa de ambos progenitores en la crianza, siempre que sea beneficioso para el niño.
¿Existe algún límite legal para el aumento del alquiler en contratos de corta duración en Argentina?
En contratos de corta duración, el aumento del alquiler no puede exceder el 15% anual, a menos que se justifique por mejoras sustanciales en la propiedad.
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