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¿Cuáles son los requisitos para solicitar un embargo en Argentina?
Para solicitar un embargo en Argentina, se requiere una resolución judicial, un título ejecutivo y la notificación al deudor.
¿Cuál es la relación entre el compliance y la responsabilidad social corporativa en Argentina?
En Argentina, el compliance y la responsabilidad social corporativa están interconectados, ya que ambos buscan promover prácticas comerciales éticas y sostenibles. Integrar estas dos dimensiones contribuye a la reputación positiva de la empresa y su impacto social.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en los contribuyentes que obtienen ingresos de actividades agrícolas en Argentina?
Los contribuyentes que obtienen ingresos de actividades agrícolas en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias relacionadas con impuestos específicos del sector agrícola y las transacciones de bienes rurales.
¿Cómo afecta la debida diligencia en la evaluación de riesgos reputacionales en el sector de la comunicación y medios en Argentina?
En el sector de la comunicación y medios, la debida diligencia influye en la evaluación de riesgos reputacionales. Esto implica revisar el contenido producido, evaluar la ética periodística, y comprender cómo la empresa aborda cuestiones de responsabilidad social. Además, es esencial revisar la percepción pública de la empresa en el mercado argentino y cómo la misma se adapta a cambios en las tendencias de comunicación y medios.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de servicios de consultoría de negocios en Argentina?
Las empresas de servicios de consultoría de negocios en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre ingresos y servicios, considerando la naturaleza estratégica de sus actividades.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de prestación de servicios en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de prestación de servicios puede afectar al prestador y al beneficiario, ya que la medida cautelar puede interferir con la continuidad de la prestación de servicios.
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