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¿Cómo se evalúa la integridad financiera de los contratistas antes de otorgarles contratos gubernamentales en Argentina?
La evaluación de la integridad financiera implica la revisión de estados financieros, auditorías independientes y la verificación de la solidez financiera. Los contratistas deben demostrar estabilidad financiera para garantizar la ejecución exitosa de proyectos y evitar riesgos financieros para el gobierno.
¿Cuáles son las implicaciones del Código Penal argentino en relación con el cumplimiento normativo empresarial?
El Código Penal argentino establece responsabilidades legales para las empresas en casos de corrupción y otros delitos. Las empresas pueden ser consideradas responsables si no han implementado medidas adecuadas de prevención. Esto destaca la importancia de contar con programas de cumplimiento sólidos para mitigar el riesgo de sanciones legales.
¿Cómo se aborda la participación de contratistas en proyectos de infraestructura crítica para la seguridad nacional en Argentina?
La participación en proyectos de infraestructura crítica se sujeta a evaluaciones de seguridad nacional adicionales. Se implementan medidas más estrictas de evaluación de riesgos y se establecen protocolos de seguridad específicos para garantizar que los contratistas sean confiables y no representen amenazas para la seguridad del país.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una entidad sin fines de lucro en Argentina?
Los bienes de una entidad sin fines de lucro pueden ser objeto de embargo si la deuda está vinculada a las actividades comerciales o financieras de la entidad.
¿Es posible impugnar la inclusión de información inexacta en los antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, se pueden presentar recursos legales para corregir información inexacta en los antecedentes judiciales.
¿Cómo se protegen los derechos individuales de las PEP durante procesos de investigación en Argentina?
Durante los procesos de investigación relacionados con PEP en Argentina, se protegen rigurosamente los derechos individuales. Esto incluye el derecho a la presunción de inocencia, la representación legal adecuada y el acceso a un juicio justo. Las autoridades buscan equilibrar la necesidad de investigar posibles irregularidades con la protección de los derechos individuales, garantizando así que los procedimientos sean justos y respetuosos con los principios legales.
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