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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de igualdad de oportunidades en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de igualdad de oportunidades puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se manejan fiscalmente las reestructuraciones empresariales, como fusiones y escisiones, en Argentina?
Las reestructuraciones empresariales están sujetas a consideraciones fiscales. Pueden existir beneficios, como la posibilidad de diferir impuestos, pero es esencial seguir procedimientos específicos y obtener la aprobación de la AFIP.
¿Cuál es la institución encargada de emitir el DNI en Argentina?
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) es la institución encargada de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Argentina.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la capacidad del candidato para afrontar y superar fracasos, considerando la importancia de la resiliencia en el entorno empresarial argentino?
La resiliencia frente al fracaso es una cualidad valiosa. Se busca entender cómo el candidato ha manejado situaciones de fracaso en el pasado, su capacidad para aprender de las experiencias adversas y su disposición para seguir adelante y contribuir positivamente en un mercado laboral argentino que valora la resiliencia.
¿Cómo se comunica públicamente la información sobre contratistas sancionados en Argentina?
La información sobre contratistas sancionados se suele hacer pública a través de comunicados de prensa emitidos por la Autoridad de Contrataciones Gubernamentales y se publica en el sitio web oficial del organismo. Esto garantiza la transparencia y la divulgación adecuada.
¿Cómo se incentiva la denuncia ciudadana de posibles prácticas éticas indebidas por parte de contratistas en Argentina?
Se implementan campañas de concientización y canales de denuncia anónima para fomentar la participación ciudadana en la detección de prácticas éticas indebidas. Los denunciantes pueden recibir protección legal y se promueve una cultura de integridad que valora la contribución ciudadana a la transparencia.
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