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¿Cuál es el procedimiento para la revisión de apelaciones presentadas por contratistas afectados por sanciones en Argentina?
El procedimiento de revisión de apelaciones implica un proceso detallado que incluye la presentación de pruebas, audiencias, y la participación de un comité independiente. Este comité revisa las apelaciones de manera imparcial y toma decisiones basadas en hechos y argumentos presentados.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la cadena de suministro electrónica en Argentina y cómo pueden las empresas del sector tecnológico protegerse contra amenazas como la piratería de productos o la falsificación?
La cadena de suministro electrónica enfrenta riesgos de seguridad, como la piratería y la falsificación. Las empresas deben implementar medidas de seguridad en cada etapa de la cadena de suministro, realizar auditorías regulares, y colaborar con socios de confianza. La adopción de tecnologías de trazabilidad, la verificación de la autenticidad de los productos y la participación en iniciativas de seguridad de la industria son estrategias esenciales para protegerse contra amenazas en la cadena de suministro electrónica en Argentina.
¿Cuál es la normativa sobre el desalojo de un arrendatario en Argentina?
El desalojo de un arrendatario debe seguir un proceso legal que incluye notificaciones formales y puede requerir una orden judicial para ejecutarse.
¿Puede el arrendador prohibir ciertos usos del espacio en propiedades comerciales en Argentina?
Sí, el arrendador puede establecer restricciones sobre ciertos usos del espacio en propiedades comerciales para garantizar que se utilicen de manera compatible con la naturaleza del edificio y las regulaciones locales.
¿Puede una persona acceder a sus propios antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, cualquier persona puede solicitar su propio certificado de antecedentes judiciales.
¿Cuál es el impacto del compliance en la gestión de proyectos en empresas argentinas?
El compliance impacta la gestión de proyectos en Argentina al requerir que los proyectos cumplan con regulaciones específicas y prácticas éticas. Esto implica la incorporación de evaluaciones de riesgos legales y éticos en la planificación del proyecto, asegurando así la conformidad normativa durante todas las fases del proyecto.
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