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¿Cómo se determina la validez de un despido por causa justa en Argentina y cuáles son los derechos del empleado?
El despido por causa justa en Argentina debe basarse en motivos legítimos, como conducta grave del empleado. La validez de un despido por causa justa se evalúa según la legislación laboral argentina. Los empleados despedidos por esta razón conservan ciertos derechos, como la posibilidad de impugnar el despido si consideran que no se ajusta a la ley, lo que puede dar lugar a demandas laborales.
¿Cómo se gestionan las disputas entre contratistas y el gobierno durante la ejecución de proyectos en Argentina?
Las disputas se gestionan mediante la inclusión de cláusulas de resolución de disputas en contratos, que pueden incluir mediación, arbitraje o litigio. También se fomenta la comunicación abierta y la resolución temprana de problemas para evitar conflictos prolongados y minimizar impactos en la ejecución del proyecto.
¿Puede un menor de edad gestionar su propio DNI?
No, un menor de edad no puede gestionar su propio DNI. La solicitud y trámite deben ser realizados por uno de los padres o un representante legal, presentando la documentación requerida en el Renaper.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la elegibilidad para ciertos trabajos en Argentina?
La influencia de los antecedentes disciplinarios en la elegibilidad para trabajos específicos en Argentina depende de la naturaleza de los antecedentes y del trabajo en cuestión. Algunos empleadores pueden considerar ciertos antecedentes como incompatibles con ciertos roles, mientras que otros pueden evaluar cada caso de manera individual.
¿La información de antecedentes judiciales en Argentina incluye delitos juveniles?
Sí, la información sobre delitos juveniles puede estar incluida en los antecedentes judiciales, pero está sujeta a ciertas restricciones de privacidad.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina garantizar la continuidad de sus programas de cumplimiento normativo en situaciones de cambio de liderazgo o reestructuración organizativa?
Los cambios en la alta dirección o la reestructuración organizativa pueden afectar la continuidad del cumplimiento normativo. Las empresas deben establecer procesos de transición claros, asegurar que los nuevos líderes estén familiarizados con los programas de cumplimiento existentes, y proporcionar formación continua. La documentación detallada de políticas y procedimientos también facilita la transición sin comprometer el cumplimiento.
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