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¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de tráfico de órganos en Argentina?
Argentina tiene leyes y medidas específicas para prevenir el tráfico de órganos. Se imponen sanciones severas a aquellos que participan en esta actividad ilegal, protegiendo la integridad de las personas y promoviendo la ética en la donación de órganos.
¿Cómo se abordan las cláusulas de penalización por incumplimiento en un contrato de venta de servicios de consultoría legal en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría legal en Argentina, las cláusulas de penalización por incumplimiento son importantes para garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos acordados. Estas cláusulas deben establecer montos de penalización claros, condiciones para su aplicación y procedimientos para la notificación y corrección de incumplimientos.
¿Cuál es el procedimiento para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento en Argentina?
En caso de conflicto, las partes suelen buscar la mediación como primer paso. Si no se llega a un acuerdo, se puede recurrir a instancias judiciales para resolver la disputa.
¿Puede un embargo afectar a bienes gananciales en un matrimonio en Argentina?
Los bienes gananciales en un matrimonio pueden ser objeto de embargo si la deuda está relacionada con obligaciones asumidas durante la vigencia del matrimonio.
¿Existen programas de rehabilitación para individuos con antecedentes disciplinarios en Argentina?
Sí, en Argentina, hay programas de rehabilitación que buscan ayudar a individuos con antecedentes disciplinarios a reintegrarse en la sociedad. Estos programas pueden incluir capacitación laboral, asesoramiento y apoyo para facilitar la reinserción laboral y social.
¿Puede un tercero ser responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina?
En circunstancias excepcionales, un tercero puede ser considerado responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina. Esto puede ocurrir si el tribunal determina que el tercero tiene la capacidad económica para asumir la responsabilidad y que es necesario para garantizar el bienestar de los beneficiarios. Esta situación suele requerir una revisión exhaustiva por parte del tribunal para evaluar la viabilidad y la equidad de tal disposición.
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