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¿Cuál es el procedimiento para obtener el DNI para personas con identidades de género no binarias?
Aunque actualmente el DNI en Argentina no reconoce la categoría "no binaria", las personas pueden solicitar el cambio de género en el DNI para que refleje su identidad de género autopercibida. Se sigue el proceso estándar en el Renaper.
¿Cómo se resuelven los casos de sustracción internacional de menores en Argentina?
En casos de sustracción internacional de menores, Argentina sigue la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Se busca la pronta restitución del menor al país de residencia habitual antes de la sustracción.
¿Cómo se abordan los desafíos éticos en la cadena de suministro de materias primas en empresas argentinas?
Los desafíos éticos en la cadena de suministro de materias primas en Argentina se abordan mediante la implementación de prácticas de debida diligencia. Esto implica evaluar la procedencia ética de las materias primas, garantizar el cumplimiento de estándares laborales y ambientales, y colaborar con proveedores comprometidos con prácticas éticas en toda la cadena de suministro.
¿Cómo se evalúa la integridad financiera de los contratistas antes de otorgarles contratos gubernamentales en Argentina?
La evaluación de la integridad financiera implica la revisión de estados financieros, auditorías independientes y la verificación de la solidez financiera. Los contratistas deben demostrar estabilidad financiera para garantizar la ejecución exitosa de proyectos y evitar riesgos financieros para el gobierno.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los intereses generados por préstamos en Argentina?
Los intereses generados por préstamos están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Tanto prestamistas como prestatarios deben declarar los intereses devengados y pagados, respectivamente.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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