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¿Existen incentivos para que los contratistas implementen programas internos de cumplimiento ético?
Sí, el gobierno argentino ofrece incentivos para que los contratistas implementen programas internos de cumplimiento ético, como la reducción de sanciones en caso de autodisclosure de conducta indebida y la consideración positiva en procesos de licitación para aquellos con sólidos programas de integridad.
¿Cómo se regulan las obligaciones de confidencialidad en un contrato de venta de propiedad intelectual en Argentina?
En contratos de venta de propiedad intelectual en Argentina, las obligaciones de confidencialidad deben ser claramente establecidas. Esto incluye restricciones detalladas sobre la divulgación de información confidencial y las consecuencias en caso de violación de estas obligaciones.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la posibilidad de obtener una beca educativa en Argentina?
Algunas instituciones educativas pueden considerar antecedentes judiciales al otorgar becas, pero esto puede variar según la política de la institución.
¿Cuáles son las implicaciones legales de discriminar a individuos con antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral argentino?
Discriminar a individuos con antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral argentino puede tener implicaciones legales. Las leyes laborales y de derechos humanos prohíben la discriminación injustificada, y las personas afectadas pueden buscar remedios legales, incluyendo acciones contra el empleador que practique dicha discriminación.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las inversiones en el mercado de capitales en Argentina?
Las inversiones en el mercado de capitales están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Las ganancias y pérdidas obtenidas por la compraventa de valores deben declararse y se aplican alícuotas específicas.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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