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¿Cuál es el proceso para la autorización judicial de viaje de un menor en Argentina?
La autorización judicial de viaje de un menor en Argentina se realiza presentando una solicitud ante un tribunal. Se debe justificar la necesidad del viaje y obtener el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial en caso de desacuerdo. El objetivo es garantizar la seguridad y bienestar del menor durante el viaje.
¿Puede un extranjero residente en Argentina obtener un certificado de antecedentes judiciales en su país de origen?
No, el certificado de antecedentes judiciales en Argentina solo se emite para personas que hayan residido en el país durante un período específico.
¿Cómo se abordan los riesgos específicos relacionados con el lavado de dinero en el sector del juego en Argentina?
En el sector del juego en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar los riesgos de lavado de dinero. Las empresas de juegos de azar están obligadas a realizar una debida diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes, informar transacciones inusuales y aplicar controles internos robustos. Además, la regulación prohíbe ciertas prácticas que podrían facilitar el lavado de dinero, y la supervisión activa por parte de la UIF contribuye a mantener la integridad del sector.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales de las asociaciones civiles y fundaciones en Argentina?
Las asociaciones civiles y fundaciones deben cumplir con las obligaciones fiscales, presentando declaraciones juradas y pagando impuestos sobre los ingresos obtenidos. También pueden acceder a beneficios fiscales en función de su actividad.
¿Existe un DNI especial para personas no binarias?
Actualmente, Argentina no emite DNIs específicos para personas no binarias. Sin embargo, se puede solicitar el cambio de género en el DNI de acuerdo con la identidad de género autopercibida de la persona.
¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades gubernamentales en casos de deudores alimentarios en Argentina?
Las autoridades gubernamentales en Argentina tienen la obligación de intervenir y proteger los derechos de los beneficiarios en casos de deudores alimentarios. Esto puede incluir la ejecución de medidas judiciales, la mediación y la asistencia social. Además, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan las decisiones judiciales relacionadas con las obligaciones alimentarias, colaborando con el sistema judicial para asegurar el bienestar de los beneficiarios.
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