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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre política criminal en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre política criminal puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener un certificado de antecedentes judiciales en Argentina para uso en su país de origen?
Sí, en algunos casos, un ciudadano extranjero puede obtener un certificado de antecedentes judiciales en Argentina para utilizarlo en su país de origen, sujeto a requisitos y procesos específicos.
¿Puede el deudor alimentario solicitar la suspensión de las pensiones durante un período de desempleo prolongado en Argentina?
En casos de desempleo prolongado en Argentina, el deudor alimentario puede solicitar la suspensión temporal de las pensiones. La solicitud debe ir acompañada de pruebas que demuestren la falta de empleo y las dificultades económicas. El tribunal evaluará la situación y tomará una decisión considerando la duración del desempleo y su impacto en la capacidad del deudor para cumplir con las obligaciones alimentarias. La suspensión es generalmente temporal y sujeta a revisión periódica.
¿Puede un menor de edad gestionar su propio DNI?
No, un menor de edad no puede gestionar su propio DNI. La solicitud y trámite deben ser realizados por uno de los padres o un representante legal, presentando la documentación requerida en el Renaper.
¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato de arrendamiento en Argentina?
El contrato de arrendamiento en Argentina implica al arrendador (propietario) y al arrendatario (inquilino).
¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos en Argentina?
En situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos, Argentina implementa medidas adicionales para reforzar la prevención. Se intensifican los controles en el sistema financiero y se establecen protocolos específicos para detectar actividades ilícitas en momentos de crisis. La cooperación entre el sector público y privado se fortalece para asegurar una respuesta efectiva y coordinada ante situaciones que puedan ser aprovechadas para el lavado de activos.
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