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¿Existen programas de reestructuración de deudas fiscales para empresas en Argentina?
Sí, en Argentina, se han implementado programas de reestructuración de deudas fiscales que permiten a las empresas negociar condiciones de pago y, en algunos casos, obtener reducciones de multas e intereses.
¿Cómo se gestionan las disputas entre contratistas y el gobierno durante la ejecución de proyectos en Argentina?
Las disputas se gestionan mediante la inclusión de cláusulas de resolución de disputas en contratos, que pueden incluir mediación, arbitraje o litigio. También se fomenta la comunicación abierta y la resolución temprana de problemas para evitar conflictos prolongados y minimizar impactos en la ejecución del proyecto.
¿Puede la existencia de antecedentes disciplinarios afectar la custodia de menores en casos de divorcio o disputas familiares en Argentina?
La existencia de antecedentes disciplinarios puede ser un factor que afecte las decisiones de custodia en casos de divorcio o disputas familiares en Argentina. Los tribunales pueden considerar la idoneidad de cada progenitor para asegurar el bienestar del menor.
¿Cuál es el procedimiento para la reconocimiento de unión convivencial en Argentina?
El reconocimiento de una unión convivencial en Argentina se puede realizar presentando una solicitud ante el Registro Civil. Se debe demostrar la convivencia estable y pública, y el consentimiento mutuo de la pareja. Una vez reconocida, la unión convivencial confiere derechos y responsabilidades similares a las del matrimonio.
¿Cuál es el impacto fiscal de las recompensas y premios otorgados por empresas en Argentina?
Las recompensas y premios entregados por empresas pueden estar sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es importante evaluar la naturaleza de la recompensa y las condiciones para determinar su tratamiento fiscal.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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