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¿Puede un embargo afectar a una empresa en Argentina?
Sí, un embargo puede afectar a una empresa en Argentina, limitando su capacidad para disponer de activos y afectando su situación financiera.
¿Qué medidas deben tomar las empresas argentinas para prevenir el lavado de activos?
Para prevenir el lavado de activos, las empresas argentinas deben implementar políticas de debida diligencia, realizar análisis de riesgos, mantener registros precisos y proporcionar formación continua a los empleados. Cumplir con estas medidas es esencial para el cumplimiento normativo.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro en Argentina?
Argentina evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro mediante la implementación de medidas específicas. Se promueve la debida diligencia en las transacciones financieras de estas organizaciones, y se fomenta la transparencia en sus operaciones. La supervisión y colaboración con estas entidades contribuyen a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos.
¿Puede el arrendador aumentar el alquiler durante el período de arrendamiento en Argentina?
El arrendador solo puede aumentar el alquiler una vez al año, y el aumento debe basarse en un índice de precios establecido.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para roles de recursos humanos en empresas de servicios de consultoría en Argentina?
Para roles de recursos humanos en empresas de servicios de consultoría en Argentina, las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de experiencias previas en gestión de personal, la validación de habilidades en recursos humanos y la integridad profesional en prácticas de contratación y desarrollo del talento.
¿Cómo se garantiza la equidad en la participación de contratistas de diferentes tamaños en proyectos gubernamentales en Argentina?
La equidad se garantiza mediante la segmentación de proyectos de manera que se adapten a la capacidad de diferentes tamaños de contratistas. Además, se establecen criterios específicos que permiten la participación de pequeñas, medianas y grandes empresas, promoviendo la competencia justa.
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