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¿Cómo se gestionan los conflictos de interés potenciales entre funcionarios públicos y contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de gestión de conflictos de interés, como la declaración obligatoria de intereses financieros y la restricción de participación en procesos de contratación a aquellos con posibles conflictos. La transparencia y la divulgación son clave para abordar este problema.
¿Cuáles son las repercusiones sociales de un embargo en Argentina?
Un embargo puede tener repercusiones sociales, afectando la calidad de vida del deudor y su entorno familiar, así como generando tensiones económicas y emocionales.
¿Cómo afecta el KYC a las instituciones financieras no tradicionales, como las plataformas de préstamos P2P, en Argentina?
El KYC tiene un impacto significativo en las instituciones financieras no tradicionales en Argentina, como las plataformas de préstamos P2P. Estas entidades también deben cumplir con los requisitos de KYC para mitigar riesgos y garantizar la transparencia en las transacciones. La implementación adecuada del KYC contribuye a la confianza de los inversionistas y prestatarios en estas plataformas, respaldando así el desarrollo saludable del sector.
¿Cuál es el papel de la educación pública en la promoción de prácticas éticas entre contratistas en Argentina?
La educación pública desempeña un papel crucial al crear conciencia sobre la importancia de prácticas éticas. Se realizan campañas educativas para informar al público sobre la contratación ética, promoviendo una cultura de integridad y alentando la participación ciudadana en la supervisión de contratistas.
¿Existe un período de tiempo específico para el cual los antecedentes judiciales son considerados relevantes en Argentina?
No hay un período específico; los antecedentes judiciales son relevantes independientemente de cuándo ocurrieron los delitos.
¿Cómo se regula la patria potestad en casos de familias ensambladas en Argentina?
En casos de familias ensambladas en Argentina, la patria potestad sigue siendo ejercida por los padres biológicos, a menos que se acuerde lo contrario o se establezca por decisión judicial. La relación con los hijos del cónyuge puede ser gestionada mediante acuerdos consensuados o decisiones judiciales, siempre considerando el bienestar del menor.
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