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¿Cuáles son las regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la seguridad informática en Argentina?
En el ámbito de la seguridad informática en Argentina, la verificación de antecedentes está sujeta a regulaciones específicas establecidas por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la Ley de Protección de Datos Personales. Los empleadores deben seguir los procedimientos establecidos por estas entidades para garantizar la privacidad y seguridad de la información al verificar antecedentes de profesionales en seguridad informática. Obtener el consentimiento del candidato y cumplir con las regulaciones vigentes son pasos esenciales en este proceso de verificación específico.
¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo para las empresas que operan en Argentina?
La debida diligencia es esencial para evaluar y gestionar los riesgos de cumplimiento normativo. Las empresas que operan en Argentina deben realizar una debida diligencia exhaustiva al entrar en nuevos acuerdos comerciales, colaboraciones o adquisiciones para identificar posibles problemas legales y garantizar la adhesión a las regulaciones vigentes.
¿Cuál es el plazo de duración típico de un embargo en Argentina?
La duración de un embargo en Argentina puede variar, pero generalmente persiste hasta que la deuda es saldada o se llega a un acuerdo de pago.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en el desarrollo de emprendimientos en Argentina?
Las deudas tributarias pueden obstaculizar el desarrollo de emprendimientos en Argentina al afectar los flujos de efectivo y limitar la capacidad de inversión y crecimiento de las nuevas empresas.
¿Cuál es el proceso para la guarda de hecho en Argentina?
La guarda de hecho en Argentina se establece cuando una persona asume la responsabilidad y cuidado de un menor sin recurrir a la adopción formal. Este proceso puede ser consensuado entre las partes o reconocido por un tribunal. Aunque no otorga derechos legales plenos, puede brindar ciertas responsabilidades y derechos de cuidado.
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