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¿Cómo se gravan fiscalmente los ingresos obtenidos por la venta de derechos de explotación de marcas y patentes en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de explotación de marcas y patentes están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Cómo evalúa la capacidad del candidato para liderar proyectos de responsabilidad social en el sector de la tecnología, considerando la importancia de la contribución social de las empresas en Argentina?
La responsabilidad social en tecnología es clave. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos que contribuyen al bienestar social, su enfoque para abordar desafíos sociales mediante soluciones tecnológicas y su contribución para posicionar a la empresa como un agente de cambio positivo en la comunidad argentina.
¿Cómo se gravan fiscalmente los ingresos obtenidos por la venta de licencias de software en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de licencias de software están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las pautas de la AFIP.
¿Qué es un embargo preventivo en Argentina?
Un embargo preventivo es una medida cautelar que busca asegurar bienes del deudor antes de que se dicte una sentencia definitiva, con el objetivo de evitar que estos sean dilapidados o transferidos.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la diversidad cultural en Argentina?
En programas de promoción de la diversidad cultural, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la coherencia y la idoneidad de los participantes, especialmente en roles de representación cultural.
¿Cómo se aborda la responsabilidad social de los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La responsabilidad social de los contratistas se aborda mediante la inclusión de criterios específicos en la evaluación de propuestas. Se valoran prácticas que contribuyen al desarrollo sostenible, la comunidad local y el bienestar social. Los contratistas también pueden participar en programas comunitarios como parte de sus obligaciones sociales.
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