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¿Cómo se coordinan los esfuerzos entre entidades gubernamentales para garantizar la coherencia en la aplicación de sanciones a contratistas en Argentina?
Existe una coordinación efectiva entre diversas entidades gubernamentales, facilitada por comités interinstitucionales. Estos comités comparten información, investigan casos y garantizan la uniformidad en la aplicación de sanciones, evitando así posibles lagunas en el sistema.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas realizadas a contratistas en Argentina?
Las auditorías internas se realizan de manera regular, con una frecuencia determinada por la complejidad y el riesgo asociado con los proyectos. Las auditorías evalúan el cumplimiento de los contratistas con estándares éticos, financieros y técnicos, y son fundamentales para la supervisión continua.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de un fideicomiso en Argentina?
Los bienes de un fideicomiso pueden ser objeto de embargo si la deuda está relacionada con el fideicomiso y afecta sus activos.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están destinados a la educación en Argentina?
Existen restricciones para embargar bienes destinados a la educación, como libros y materiales educativos, para garantizar el acceso continuo a la educación.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas de exclusión de responsabilidad en un contrato de venta de bienes de consumo duraderos en Argentina?
En contratos de venta de bienes de consumo duraderos en Argentina, las cláusulas de exclusión de responsabilidad deben cumplir con las leyes de protección al consumidor. Estas cláusulas deben ser transparentes, no abusivas y no eximir al vendedor de responsabilidades esenciales relacionadas con la calidad y seguridad de los bienes.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad en la asignación de contratos gubernamentales a empresas vinculadas a PEP en Argentina?
La imparcialidad en la asignación de contratos gubernamentales a empresas vinculadas a PEP en Argentina se garantiza mediante la aplicación de procedimientos de licitación transparentes y competitivos. Se establecen regulaciones que prohíben el favoritismo y garantizan una selección objetiva de contratistas. La debida diligencia en la evaluación de las ofertas, con especial atención a posibles conexiones con PEP, es fundamental. Además, se promueve la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de los procesos de licitación, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en la asignación de contratos gubernamentales. La revisión constante de los procedimientos y la aplicación de sanciones en caso de conducta indebida contribuyen a mantener la integridad en este ámbito.
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