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¿Cuál es la diferencia entre la patria potestad y la tenencia en Argentina?
La patria potestad involucra los derechos y responsabilidades de los padres sobre sus hijos, mientras que la tenencia se refiere a la custodia física y el cuidado diario. En Argentina, la patria potestad se presume compartida, pero la tenencia puede ser otorgada a uno de los progenitores o compartida según el interés del menor.
¿Cómo se determina la custodia compartida en casos de divorcio en Argentina?
La custodia compartida en casos de divorcio en Argentina se determina considerando el interés superior del menor. Se busca fomentar la participación activa de ambos progenitores en la crianza, siempre que sea beneficioso para el niño. El acuerdo de custodia compartida puede ser alcanzado de manera consensuada entre los padres o establecido por un juez en caso de desacuerdo.
¿Qué sucede si el arrendador desea realizar obras en la propiedad durante el período de arrendamiento en Argentina?
Si el arrendador desea realizar obras importantes, debe notificar al arrendatario con anticipación y acordar los términos para minimizar las molestias para el inquilino.
¿Puede la existencia de antecedentes disciplinarios afectar la elegibilidad para recibir beneficios sociales en Argentina?
Sí, la existencia de antecedentes disciplinarios puede afectar la elegibilidad para recibir beneficios sociales en Argentina. Algunos programas gubernamentales pueden considerar la conducta pasada como un factor en la determinación de la idoneidad para recibir ciertos beneficios.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
¿Cuál es el proceso para la declaración de interdicción en Argentina?
La declaración de interdicción en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se deben presentar pruebas médicas y psicológicas que demuestren la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada interdicta.
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