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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre seguridad pública en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre seguridad pública puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el contexto del KYC en Argentina?
En el contexto del KYC en Argentina, las transacciones internacionales están sujetas a escrutinio adicional. Se requiere una verificación más exhaustiva de la identidad de los clientes y el propósito de las transacciones internacionales. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero transfronterizo y garantizar la integridad del sistema financiero a nivel global.
¿Cómo se protege la privacidad de los antecedentes judiciales en Argentina en casos de violencia de género?
En casos de violencia de género, se implementan medidas para proteger la privacidad de las víctimas y se maneja la información de antecedentes judiciales de manera sensible.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra puede afectar al contratista y al comitente, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución del proyecto y el cumplimiento del contrato.
¿Qué hacer en caso de cambio de género en el DNI de una persona argentina?
En caso de cambio de género en el DNI, la persona debe realizar el trámite en el Renaper. Se requerirá la presentación de la documentación que respalde el cambio de género, como el informe psicológico y el certificado médico. Se completará el formulario correspondiente y se abonará la tasa establecida. El Renaper emitirá un nuevo DNI con la información actualizada.
¿Cuál es el proceso para la declaración de incapacidad en Argentina?
La declaración de incapacidad en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se deben presentar pruebas médicas y psicológicas que demuestren la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada incapaz.
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