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¿Cuáles son los requisitos para solicitar un embargo en Argentina?
Para solicitar un embargo en Argentina, se requiere una resolución judicial, un título ejecutivo y la notificación al deudor.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre justicia social en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre justicia social puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina?
La cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina se determina considerando factores como los ingresos y gastos de los cónyuges, las necesidades del beneficiario y el nivel de vida durante el matrimonio. El tribunal busca establecer una cuota justa y proporcional a las circunstancias específicas del caso.
¿Qué derechos tienen los padres en casos de negligencia o abuso infantil en Argentina?
En casos de negligencia o abuso infantil en Argentina, los padres tienen el derecho de ser escuchados y de participar en el proceso judicial. Además, la ley busca proteger el interés superior del menor y tomar medidas para garantizar su seguridad y bienestar, incluso a través de la remoción del hogar abusivo.
¿Cómo se manejan las investigaciones de lavado de dinero que involucran a figuras públicas o políticos en Argentina?
Las investigaciones de lavado de dinero que involucran a figuras públicas o políticos en Argentina son manejadas con especial atención y transparencia. Se aplican los mismos procedimientos rigurosos, pero con un énfasis adicional en la independencia y objetividad de las investigaciones. La UIF y otras autoridades competentes garantizan que estas investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial, colaborando con la justicia y asegurando el debido proceso legal.
¿Cómo se manejan los pagos de servicios públicos en un contrato de arrendamiento en Argentina?
Los pagos de servicios públicos suelen ser responsabilidad del arrendatario, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato.
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