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¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en la protección de la privacidad de los antecedentes judiciales de sus empleados en Argentina?
Las empresas están obligadas a proteger la privacidad de la información de antecedentes judiciales de los empleados y solo divulgarla según lo permitido por la ley.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario con respecto al mantenimiento de la propiedad en Argentina?
El arrendatario está obligado a mantener la propiedad en buenas condiciones y a informar cualquier problema al arrendador.
¿Cómo se maneja un embargo en el caso de una persona con capacidades reducidas en Argentina?
Para personas con capacidades reducidas, se deben seguir procedimientos especiales durante un embargo, asegurando la protección de sus derechos y considerando su capacidad para comprender y participar en el proceso legal.
¿Cómo se evalúan los riesgos asociados con la gestión de proveedores en la debida diligencia para empresas del sector automotriz en Argentina?
En el sector automotriz, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos asociados con la gestión de proveedores. Esto implica revisar la diversificación de proveedores, evaluar la calidad y confiabilidad de los suministros, y garantizar la conformidad con regulaciones del sector. Además, es esencial considerar la resiliencia de la cadena de suministro ante posibles interrupciones, como fluctuaciones en la disponibilidad de materias primas y cambios en la logística internacional.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad sin el consentimiento del arrendador en Argentina?
En general, el arrendatario necesita el consentimiento previo por escrito del arrendador para subarrendar la propiedad, a menos que el contrato permita lo contrario.
¿Cómo se protegen los derechos de los beneficiarios en casos de deudores alimentarios que evaden sus obligaciones en Argentina?
En casos de deudores alimentarios que evaden sus obligaciones en Argentina, se pueden tomar medidas legales para proteger los derechos de los beneficiarios. Esto puede incluir la aplicación de sanciones por desacato, la ejecución de medidas de embargo sobre bienes del deudor, y la intervención de organismos gubernamentales, como la Unidad de Alimentos. La colaboración con abogados especializados y la presentación de pruebas documentales sólidas son esenciales para asegurar el éxito de estas medidas y garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo necesario.
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