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¿Cuál es la participación de la sociedad civil en la supervisión de la conducta de los contratistas en Argentina?
La sociedad civil juega un papel crucial en la supervisión de la conducta de los contratistas. Se fomenta la participación activa a través de mecanismos de denuncia ciudadana, y las ONGs desempeñan un papel importante en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos gubernamentales.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina garantizar la continuidad de sus programas de cumplimiento normativo en situaciones de cambio de liderazgo o reestructuración organizativa?
Los cambios en la alta dirección o la reestructuración organizativa pueden afectar la continuidad del cumplimiento normativo. Las empresas deben establecer procesos de transición claros, asegurar que los nuevos líderes estén familiarizados con los programas de cumplimiento existentes, y proporcionar formación continua. La documentación detallada de políticas y procedimientos también facilita la transición sin comprometer el cumplimiento.
¿Cómo se ajusta el alquiler en contratos de larga duración en Argentina?
En contratos de larga duración, el ajuste del alquiler puede estar vinculado a índices económicos y debe seguir los procedimientos legales establecidos.
¿Quién tiene acceso a la información de antecedentes judiciales en Argentina?
La información está disponible para autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y otras entidades autorizadas.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de sabotaje informático en Argentina?
El sabotaje informático en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar ataques contra sistemas informáticos. Se imponen sanciones a quienes realizan acciones como el acceso no autorizado, la interrupción de servicios o la destrucción de datos electrónicos.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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