Artículos recomendados
¿Qué medidas se implementan para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información durante la ejecución de proyectos gubernamentales por parte de contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de seguridad, como acuerdos de confidencialidad, protocolos de manejo de datos y la utilización de tecnologías seguras. Esto asegura la protección de información sensible y garantiza que los contratistas manejen los datos de manera segura durante la ejecución de proyectos.
¿Se puede realizar un inventario de la propiedad al inicio del contrato en Argentina?
Sí, se recomienda realizar un inventario detallado al comienzo del contrato para documentar el estado de la propiedad y evitar disputas al finalizar el arrendamiento.
¿Cómo se fomenta la participación de contratistas locales en proyectos gubernamentales sin comprometer la calidad y la competitividad?
La participación de contratistas locales se fomenta mediante la simplificación de procesos de licitación, el establecimiento de cuotas preferenciales y la provisión de capacitación técnica. Se asegura que la calidad y la competitividad no se vean comprometidas a través de criterios de evaluación objetivos y la promoción de estándares de excelencia.
¿Qué derechos tienen los hijos adoptados en Argentina en relación con sus padres biológicos?
En Argentina, los hijos adoptados tienen el derecho de conocer su origen biológico. La ley permite acceder a información relacionada con sus padres biológicos, siempre que no viole los derechos y privacidad de las partes involucradas.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre derechos laborales en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre derechos laborales puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están destinados a la educación en Argentina?
Existen restricciones para embargar bienes destinados a la educación, como libros y materiales educativos, para garantizar el acceso continuo a la educación.
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