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¿Cómo se regula la patria potestad en casos de familias ensambladas en Argentina?
En casos de familias ensambladas en Argentina, la patria potestad sigue siendo ejercida por los padres biológicos, a menos que se acuerde lo contrario o se establezca por decisión judicial. La relación con los hijos del cónyuge puede ser gestionada mediante acuerdos consensuados o decisiones judiciales, siempre considerando el bienestar del menor.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de fraude al consumidor en Argentina?
El fraude al consumidor en Argentina está penalizado por leyes que buscan proteger los derechos de los consumidores. Se imponen sanciones a quienes realizan prácticas fraudulentas, engañosas o abusivas en el comercio de bienes y servicios.
¿Cómo se valúan y subastan los bienes muebles durante un embargo en Argentina?
Los bienes muebles embargados se valúan según su valor de mercado, y la subasta se realiza para obtener el mejor precio posible, que se destina a satisfacer la deuda.
¿Cómo afecta la situación económica actual de Argentina a la capacidad de la empresa para acceder a financiamiento durante la debida diligencia?
Dada la situación económica en Argentina, es crucial evaluar cómo esta afecta la capacidad de la empresa objetivo para acceder a financiamiento. Se deben revisar las relaciones con entidades financieras locales e internacionales, la solidez crediticia y la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones financieras en un entorno económico desafiante.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los contribuyentes que participan en la producción y venta de productos de tecnología wearable en Argentina?
Los contribuyentes que participan en la producción y venta de productos de tecnología wearable en Argentina pueden enfrentar implicaciones fiscales relacionadas con impuestos sobre ventas y otras obligaciones fiscales específicas del sector de la tecnología.
¿Puede el arrendador prohibir actividades comerciales en la propiedad residencial arrendada en Argentina?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas que prohíban actividades comerciales en la propiedad residencial, a menos que se haya obtenido su consentimiento previo por escrito.
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